- Ciudadanos de Los Cabos ponen el ejemplo.
Después de años de tanta cantaleta
que no resolvía nada por parte de legisladores, partidos políticos y dirigentes
de organizaciones, finalmente los ciudadanos tuvieron que tomar la sartén por
el mango y decir "Ya Basta!!" al cierre de playas por parte de
grandes consorcios hoteleros, que desde siempre se han apropiado de estos
espacios para sacarles beneficio, haciéndolos exclusivos para sus huéspedes,
cuando la Ley establece su libre acceso.
La acción implementada por un
grupo de ciudadanos de Los Cabos, representa un parteaguas para un asunto que
siempre se ha manejado de manera superficial por parte de las autoridades,
incluyendo aquellos que han levantado la voz para oponerse, porque nunca han
ido a fondo al problema, pues lo único que han buscado es sacarle raja política
a un tema que molesta a la sociedad.
Pero este hecho iniciado en Los
Cabos y que ojalá no se detenga, demuestra una vez más la tibieza de las
autoridades locales y federales, que no han tenido la capacidad para ponerse de
acuerdo y tomar medidas firmes para evitar que los grandes desarrolladores
turísticos, hagan lo que les venga en gana con la Ley. Claro, si la autoridad
quiere hacer algo, primero tendrá que perderle el cariño a los billetes verdes
que les llegan de esos consorcios hoteleros.
Es obvio que si las playas se han
ido cerrando en distintos puntos de Baja California Sur, se debe a la
corrupción de los tres niveles de gobierno. Al amparo de resquicios legales,
dictámenes de Cabildos, modificaciones en reglamentos y todo aquello que es
posible por parte del ser humano, se han dado estos cierres, llegándose en
algunos casos a cobrar a particulares, por ingresar a las playas.
Está bien visto que para temas de
interés común, la movilización social es válida para hacer que la voz del
pueblo sea escuchada. Pero es imprescindible que sea auténticos ciudadanos,
ajenos a cuestiones partidistas, los que acudan a estas convocatorias que se
están haciendo en Los Cabos, para defender lo que, como ellos dicen,
constitucionalmente les pertenece.
Ojalá que esa postura también se
asuma en playas de La Paz, Loreto y Mulegé, porque ya han sido muchos los años
en que la impunidad ha prevalecido en este caso y los ciudadanos han visto como
esos espacios de recreación y esparcimiento familiar, han ido desapareciendo
conforme llegan los grandes capitales e incluso algunos vivales, que se asumen como dueños de todas las
costas al comprar un pedazo de tierra a orillas del mar.
Los Cabos está poniendo un
ejemplo importantísimo y si las autoridades estatales y municipales, no llaman
a cuentas a la federación, para establecer medidas para hacer valer la Ley,
entonces los ciudadanos seguirán organizándose y demostrando que ya no están
dispuestos a seguir soportando tantos discursos falsos y verdades a medias, mientras
los gobernantes hacen del cierre de playas, un jugoso negocio.
No se trata de despreciar los
desarrollos turísticos, porque a final de cuentas son fuentes de empleo, de un
sector del que Los Cabos depende en un 99 por ciento. Pero sí se trata de
decirles que si van a instalarse aquí, deben respetar las leyes, por mucho
dinero que repartan para callar voces y mover firmas.