El lío de los exfuncionarios estatales que fueron detenidos y horas después dejados libres, habla mucho de la inconsistencia que enfrenta el Gobierno del Estado, que no ha podido (o no ha querido), integrar un cargo más sólido en contra de quienes ocuparon el Palacio de Cantera durante los seis años anteriores, bajo las siglas del PRD.
Luego de que Luis Armando Díaz cayera preso, al igual que Héctor “Pipi” Ibarra y Guillermo Jáuregui, un buen sector de los sudcalifornianos pensaron que al fin se atrapaba a los peores pillos. Pero el gozo se fue al pozo cuando los presuntos delincuentes quedaron el libertad bajo fianza, porque el delito por el cual se les acusa no es grave. Y peor tantito, que al parecer no hay elementos sólidos para sustentar el caso.
Si bien un buen sector de la población está esperando que se llame a cuentas a quienes supuestamente atracaron las arcas públicas durante seis años, la realidad es que se antoja difícil que esto se pueda dar y una prueba de ello es que se ha tenido que recurrir a probables delitos que si bien hablan de muchos millones de pesos, es poco comparado a lo que se supone fue sustraído ilegalmente del presupuesto estatal.
Por eso, la acción asumida por la Procuraduría de Justicia del Estado, se interpreta como una venganza política en contra de quienes frenaron la aspiración de Marcos Covarrubias al interior del PRD y que ahora pretenden revivir buscando diputaciones federales y senadurías. Se les busca nulificar para que no haya avance en la solidificación de ese grupo opositor que proviene de Los Cabos.
Lo raro del asunto es que el “Pipi” Ibarra también se encuentre en la polla, cuando en la pasada elección fue candidato del PAN a la alcaldía de La Paz, aunque perdió con la priísta Esthela Ponce. Se suponía que el “Pipi” era (¿o es?) parte del equipo de Marcos Covarrubias, pues hasta había ligado chamba en la dirección de los Cecytes. Ahí el asunto se pone raro, porque entonces todo podría ser pura faramalla, para taparle el ojo al macho.
Aunque se avisora un proceso largo en este asunto del terreno de Los Cabos, lo cierto es que difícilmente se podrá llegar hasta el fondo, ya que en él se encuentran involucrados funcionarios del actual gobierno que tuvieron cargos en el anterior sexenio, así que todo quedará en una simple llamarada, que con el paso de los meses se irá diluyendo, en tanto se desarrolla el proceso electoral federal del 2012.
Lo lamentable de todo esto es que estas prácticas sigan presentándose y peor tantito que ocurra en un estado como Baja California Sur, que durante mucho tiempo se mantuvo ajeno a las vicios que se acostumbran en otras partes del país y que generan caos y retroceso en la sociedad.
Hoy con esta importación de formas de generar conflictos y la incapacidad y voracidad de quienes llegan a gobernarnos, el gobierno estatal parece no encontrar la fórmula para avanzar en lugar de permanecer inmóviles. Le ayuda el beneficio de la duda, ya que no ha contado con un presupuesto a modo, es decir, ejercer el recurso completo puesto que fue compartido con el pasado gobierno estatal, que gastó la mayor parte.
Pero en 2012 deberán ofrecerse cambios sustanciales a la sociedad o de lo contrario, la fragilidad del gobierno neopanista no solamente le pegará a los intereses particulares de ellos, sino que nos pasará a perjudicar a todos. Por eso, si se va a ir en contra de exfuncionarios, que realmente se les deje en la cárcel y si no se puede, entonces que no nos vendan espejitos, porque si los políticos que gobiernan siguen con sus traiciones, simulaciones y mentiras, deben recordar que cada vez es más la gente que no está dispuesta a soportarlo.