A estas alturas no se alcanza a comprender como es posible que el Gobierno del Estado no haya podido controlar las circunstancias de algunos problemas que se han presentado en la Entidad, como la balacera en la plaza Sendero de Cabo San Lucas y el lío de tierras que ocurre en Los Planes.
Pareciera que alguien está siendo incapaz, anda pensando en otras cosas o de plano se le están poniendo piedras en el camino. Me refiero concretamente al Secretario General de Gobierno, Carlos Mendoza Davis, segundo de a bordo en el gobierno estatal y que debiera evitarle en lo más posible complicaciones el jefe máximo. Sin embargo, los problemas surgen y se desarrollan sin que se note la mano conciliadora de la máxima autoridad en el Estado.
En el caso de la situación que se vivió en la plaza Sendero, fue más la quemada que lo que realmente sucedió, de acuerdo a lo poco que ha salido a la luz pública, porque para empezar hasta el momento no existe una versión clara de lo que realmente ocurrió y al menos por parte del gobierno estatal no ha habido una voz que salga a aclarar fehacientemente el asunto, salvo que hubo una llamada al C4 y por supuesto que menos ha ocurrido por parte de la milicia que participó en los hechos y obviamente que tampoco el gobierno municipal de Los Cabos.
Fue tal el argüende que se hizo, que mis familiares en otras partes del país me andaban buscando para ver si no me había tocado un plomazo. Los videos se difundieron en todos los espacios noticiosos hasta tres días y eso que no hubo muertos (al menos en la plaza Sendero). Nunca entendí cómo fue posible que el barullo replicara tanto en los medios de comunicación nacionales, cuando en otros lugares donde se matan a dos o tres, apenas si se menciona la nota. Tampoco se trataba de ocultar el hecho, pero como que fue sobrevalorado el asunto, con el consabido desprestigio para el destino turístico.
El otro tema se refiere a la disputa entre ejidatarios de Los Planes con el desarrollo turístico Península de los Sueños, donde se argumenta cierre de accesos a la playa y despojo de sus propiedades, cuando se habla de que hace más de 40 años esos terrenos ya no pertenecen a los ejidatarios que andan de revoltosos. Aquí todo parece indicar que ante la crisis recalcitrante, alguien o algunos quieren obtener dinero gratis y la movilización parece ser la vía.
Esto se da luego de que la empresa emitiera un comunicado donde asegura que el Tribunal Superior de Justicia del Estado, entregó la posesión total de las tierras a la empresa desarrolladora, que para ello dispuso la construcción de algunas torres de vigilancia, que los inconformes mandaron a volar en protesta por la decisión, cayendo en desacato a una decisión legal que les puede traer serias consecuencias en ese sentido.
Ayer los molestos ejidatarios se manifestaron en el Congreso del Estado y en el Ayuntamiento de La Paz, llegando incluso a exigir la renuncia de la alcaldesa Esthela Ponce, es decir, algo fuera de proporción, al menos en este asunto. Se sabe en el argot político que estas cuestiones se resuelven mediante el acuerdo, la conciliación e incluso en lo oscurito, con tal de que no trasciendan. No sabemos si estamos inaugurando nuevos tiempos, en los que se da libertad de actuar y proceder a quienes se sientan ofendidos, pero en otros tiempos se sabía que el Secretario General de Gobierno debía actuar para evitar precisamente, que el asunto “se fuera de las manos” y diera una mala imagen al gobierno y al Estado. Aquí la concertación no se ha visto.
Así como esos dos casos, hay otros que están dando malas señales sobre el actuar de la Secretaría General de Gobierno, la cual pareciera que no está haciendo lo que le corresponde o que a alguien le interesa que las cosas le salgan mal al Secretario General de Gobierno, para frenarle esos ímpetus de querer ser Senador de la República, cuando apenas arribó al cargo el pasado mes de abril.