El descaro y el cinismo con el que los diputados locales aprobaron la tenencia vehicular estatal, nos ofrece la clara señal de que el gober ha empezado a trabajar para mantener el control político del Estado, como desde hace seis años no se veía. Los acuerdos en lo oscurito seguramente fueron el motivo por el cual el pleno de los legisladores asistentes a la sesión del Congreso local, no hayan metido ni las manos para aprobar dicho gravamen, ahora sí que “impuesto” por el gobierno panista de Baja California Sur.
De espalda a la sociedad se negoció, cual vil compra de sexo en el lúgubre tugurio (quinientos más el cuarto), la aprobación de la llamada Ley Estatal Vehicular, que garantizará un ingreso de 81 millones de pesos anuales, según Pepe Toño, el mero, mero de las finanzas estatales.
El hecho de que el gobernador opere políticamente y controle el voto de los diputados de la oposición, sin recurrir al mayoriteo, le da margen para no afectar la plataforma de quienes resulten candidatos de su partido, porque los pretensos del PRI y del PRD poco podrán recriminarle en campaña, como es la costumbre, ya que los legisladores de esos dos partidos se volvieron cómplices al dar su voto a favor de este nuevo impuesto y entonces los partidos contrarios al que gobierna, se quedan sin argumentos.
Posiblemente la tenencia vehicular estatal, que entrará en vigencia a partir del primer día del 2012, tenga sus bondades, ya que gravará solamente a los vehículos con un precio facturado mayor a los cien mil pesos y hará un descuento del 50 por ciento a jubilados y pensionados, además de que los automóviles con más de diez años de antigüedad no pagarán el impuesto, como ya lo contemplaba la contribución federal. Sin embargo no deja de ser penoso y lamentable que los diputados no digan ni pío y al menos exijan cuentas claras al respecto.
Mi principal inconformidad radica en que nuevamente se establece un cobro a los ciudadanos, para captar recursos que se manejarán de manera discrecional, es decir que podrá haber manoteo y utilización indiscriminada sin que nadie ponga un freno. Al menos en eso hubieran reparado los legisladores del PRI y del PRD, si es que en verdad se las dan de muy defensores del pueblo (aquí permítanme esbozar un “ajá”). Se debió haber etiquetado debidamente lo que se capte, para que se aplique donde realmente lo necesiten los ciudadanos y no en cuentas bancarias personales, negocios particulares o en campañas políticas.
El gobernador Marcos Covarrubias deberá sentirse muy contento con este trabajo realizado, porque logro someter a los diputados (no sabemos exactamente a qué precio) y bueno, fue en contra de la tendencia nacional, ya que en otros Estados este impuesto, que era federal, se utilizó políticamente determinándose su desaparición. Aquí simplemente se mantuvo con algunas modificaciones. Sin embargo, vuelve la interrogante sobre qué tan importante es que el gobernador tenga todos los hilos en la mano, porque con esto, la sociedad se vuelve inoperante.
Pero también se vio en el sexenio pasado, que dejar los escenarios políticos a la deriva, conlleva al caos. Pero en este caso lo penoso es que los “representantes de los ciudadanos” “las den” y todavía pongan lo de la vaselina, siendo unos prestapronto en aras de sus intereses de grupo, haciendo a un lado el compromiso que tienen con los ciudadanos... como siempre.