La semana pasada seguí con atención la propuesta del diputado panista Ernesto Ibarra Montoya para tipificar el delito de “invasión” o de “invasores”, que va contra los vivales que gustan de apoderarse a la mala de propiedades que no les pertenecen, para fincar núcleos habitacionales en paupérrimas condiciones, que les generan importantes ganancias.
Sin embargo, nuevamente los diputados se quedan cortos en la intención, porque esta iniciativa surge a raíz de lo acontecido en el predio “La Ballena”, allá por el aeropuerto de San José del Cabo, pero paradójicamente, si profundizamos un poquito, nos daremos cuenta de que la propuesta en muy poco ayuda a casos como el de “La Ballena” y les diré por qué:
El documento del doctor Ibarra no menciona qué hacer en el caso de terrenos que se encuentran en litigio o que simple y sencillamente no tienen dueño, porque los verdaderos propietarios ya están muertos y no dejaron herederos y los familiares vivos no se ponen de acuerdo para determinar a los sucesores de los derechos.
Obviamente que esto implicaría una reforma integral, incluso a nivel constitucional en el país; sin embargo los diputados locales prefieren evitar la fatiga y es que, como siempre, los sudcalifornianos estamos esperando qué hacen los demás, para poner a trabajar las neuronas. Y por eso, mientras no se camine a nivel federal, aquí los asuntos se atienden de manera superficial, dando oportunidad a que el coyotaje jurídico actúe a sus anchas.
El asunto con las invasiones es que sus autores generalmente están coludidos con representantes de la autoridad, que informan sobre los lugares que presentan algún conflicto jurídico y es así como diseñan la estrategia para proceder en consecuencia, sabedores de que los juicios sobre tierras son bastante tardaditos y por lo tanto, durante algún tiempo podrán disponer del bien para hacer sus tranzas sin que alguien pueda ponerles un alto. Durante el año o dos o más que dure el juicio, ellos podrán sacarle buenas ganancias al predio, vendiéndole lotes a gente necesitada, que llega de otras partes del país con una mano adelante y otra atrás. Si cuentan con padrinos políticos, como suele ocurrir, mucho mejor.
En Los Cabos, como en el resto del estado, hay muchos terrenos cuya propiedad no está debidamente legalizada, debido a que al viejo estilo, los legítimos propietarios nunca se preocuparon por nombrar a sus herederos y actualmente en que las tierras sudcalifornianas son bastante cotizadas, no es posible venderlas porque no hay sucesores válidos de los derechos de los predios, que pueden ser muchas hectáreas, generalmente frente al mar.
Está bien que el diputado Ibarra se haya convertido hasta en diccionario andante para explicar lo que es invadir; sin embargo se le pasó el pequeño detalle de que no todas las invasiones ocurren donde hay dueños. Tal es el caso de “La Ballena”, donde siendo estrictos, no hay un dueño, porque el tan llevado y traído título de propiedad está a nombre de alguien que ya murió y no heredó y por lo tanto, acusar a alguien de invasor en esos casos no es válido, aunque se pueda aplicar mecanismos jurídicos, pero estos tardarían años.
Por eso es que a César Uzcanga se le tuvo que buscar por el lado del fraude para mandarlo a la cárcel, pero para ello se tuvieron que fabricar denunciantes, aunque poniéndonos exigentes, un fraude lo subsanas pagando lo que te embolsaste ilegalmente, más las sanciones que se puedan imponer por ese motivo. O sea, en esto de las invasiones no basta con tipificar, sino con ir, realmente, tras los invasores.