De sobra es conocida la problemática económica que enfrentan los Ayuntamientos de Baja California Sur, que carecen de los mecanismos que les permitan sortear la situación, siendo la causa principal, el interés político que germina de esa instancia de gobierno.
Es curioso pero para terminar con esa carga que mantiene en quiebra técnica a los gobiernos municipales de la entidad, se requiere cortar desde la raíz, pero nadie quiere aventarse ese tirito, porque representa poner en riesgo el voto de los ciudadanos, cuando la realidad es que actualmente, el ganar o perder elecciones tiene que ver más con otros factores.
Pero, cuáles serían esas medidas drásticas que deberían asumirse y a las que todo mundo les zacatea. Ahí les van:
Establecer una total cobertura en la recaudación de ingresos propios, como impuesto predial, permisos de construcción, permisos de alcoholes, derechos de piso, trámites en la Dirección de Tránsito, agua potable, entre otros, ya que no existe una estructura operativa eficiente.
Otra es, hacer válidas al cien por ciento las sanciones y multas que se impongan, porque generalmente éstas se reducen o se condonan, todo en harás de ganarse el cariño de la gente o por simple influyentismo, principalmente en el área de Tránsito y del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado.
Proceder al embargo de bienes para amparar la cantidad que se adeuda, pero sí se antoja muy severa la medida, entonces suspender el servicio o cancelar permisos y licencias. En el caso del agua potable, cortar el suministro y respecto a tránsito, no permitir que el vehículo siga circulando o que el conductor siga manejando.
Una muy importante es recortar trabajadores y reducir la incorporación de personal de base y de confianza, ya que la nómina y prestaciones implica una importante fuga de recursos, puesto que la mayor parte del ingreso propio que se capta, va para este rubro. Aquí se debe establecer un tope de empleados de confianza, cada que llega un nuevo gobierno y que éstos firmen un contrato únicamente por el período que dure el gobierno que inicia.
De sobra también es conocido que los alcaldes prefieren no entrarle a estos temas, porque por un lado tienen miedo y por el otro, les conviene. El enjambre de complicidades que se vive al interior de los Ayuntamientos, impide un adecuado andamiaje que soporte el reordenamiento y ocasione un vacío de poder.
Otra realidad es que a raíz del desorden interno de los gobiernos municipales, los ciudadanos se dejan querer y se convierten en generadores del problema, al pedir e incluso exigir ciertas canonjías, bajo el argumento de la crisis, como si alguna vez la sociedad mexicana en su conjunto hubiera tenido vacas gordas.
Pero agarrar al toro por los cuernos no es cosa de cualquiera. Por eso, mientras los gobiernos municipales sigan siendo un simple escalón para la búsqueda de otras posiciones dentro de la administración pública, poco podrá avanzarse. Si se piensa que el endeudamiento sistemático es la solución, prácticamente se está condenando al fracaso a los municipios. Y eso, posiblemente en el mediano plazo, genere una franquicia de los Indignados.